
Noticias Argentinas difundió que el litigio por la nacionalización de YPF, que se desarrolla en los tribunales de Estados Unidos, tendrá mañana una audiencia clave cuando la Argentina, el fondo Burford y la petrolera se presenten ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para defender sus posiciones.
El Estado argentino intentará revertir el fallo condenatorio de la jueza Loretta Preska, que obliga al país a pagar US$ 16.000 millones en concepto de resarcimiento por la forma en que se llevó adelante la estatización de la compañía.
Por su parte, el fondo Burford buscará mantener la sentencia, aunque también pedirá que se revise el punto que eximió a YPF de responsabilidad en la operación. En contrapartida, la petrolera defenderá esa eximición y procurará mantener su condición de inocencia.
Según estimaciones judiciales, la sentencia de la Cámara de Apelaciones no será inmediata y podría conocerse durante el primer semestre del próximo año. Una vez dictada, se abrirán distintos escenarios: si la Cámara confirma el fallo, la Argentina solo podrá recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos; otra posibilidad es que se reduzca el monto de la indemnización, y la más improbable, que se rechace por completo el fallo de Preska.
Cabe aclarar que en esta instancia se discutirá la validez del fallo y el monto del resarcimiento, pero no la forma de pago. La jueza Preska había determinado que una de las opciones para cumplir la sentencia sería la entrega de acciones de YPF, aunque esa decisión también fue apelada y sigue un trámite paralelo dentro de la justicia estadounidense.
Por otro lado, los acreedores ya expresaron su intención de negociar un acuerdo con la Argentina, dado que no contemplan quedarse con acciones de la petrolera como forma de pago.
El extenso litigio —que ya lleva más de una década en los tribunales de Estados Unidos— incluye además la intención de los beneficiarios del fallo de buscar activos argentinos en el exterior para activar embargos y cobrar su acreencia.
Durante el proceso, Preska llegó incluso a ordenar la entrega de información sobre correos electrónicos y comunicaciones telefónicas de funcionarios argentinos, con el fin de detectar posibles vínculos con empresas estatales que pudieran ser objeto de embargo.